Nuevas medidas urgentes según el R.D.L. nº 8/2020 de 17 de marzo
Dentro de la batería de medidas que el gobierno está adoptando para paliar los efectos del Covid-19, este Real Decreto-Ley nº 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establece una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado y también se interrumpe el plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tenga el deber de solicitar la declaración de concurso.
Además, para la plena salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, suspende el plazo de caducidad de los asientos registrales hasta que pueda proveerse lo necesario para la inscripción, prórroga o cancelación.
De manera concreta podemos señalar las más relevantes:
A) En el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado:
1. Adopción de acuerdos sociales
Aunque no esté previsto en los Estatutos, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia siempre que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes.
Los acuerdos también podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y siempre que lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano.
Estas medidas también serán de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas.
En cualquiera de estos casos, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
2. Formulación de cuentas anuales
El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para la formulación de cuentas anuales y en su caso el informe de gestión, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
Si al declararse el estado de alarma, ya se hubieran formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
3. Aprobación de cuentas anuales
La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.
Si la convocatoria ya se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria.
En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
4. Requerimiento de asistencia de notario
El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
5. Derecho de separación del socio
Aun concurriendo causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma.
6. Causa legal o estatuaria de disolución
De concurrir causa, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
7. Responsabilidad de los administradores sociales
Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.
B) Asientos registrales
Se suspende el plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma y sus prórrogas
Esta suspensión alcanza a los asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.
El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma.
C) Solicitud de concurso de acreedores
1. No obligación de solicitarlo
Mientras esté vigente el estado de alarma, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso:
a) El deudor que se encuentre incurso en causa de insolvencia
b) El deudor que hubiera comunicado haberse acogido a la negociación del art. 5 bis de la Ley Concursal.
Con independencia de la fecha de presentación, la solicitud de concurso voluntario se admitirá con preferencia una vez se alcen las suspensiones en vigor.
2. No tramitación de concurso necesario
Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses.
BUFETE MAÑÁ-KRIER-ELVIRA les mantendrá informados de próximas medidas que puedan tener incidencia principalmente en relaciones internacionales, societarias y concursales.
Spain: New emergency measures under Royal Decree nº 8/2020 dated 17 March 2020
Within the battery of measures that the Spanish government is adopting to mitigate the effects of Covid-19, Royal Decree-Law No. 8/2020 on extraordinary urgent measures to face the economic and social impact of COVID-19 sets out a series of measures applicable to the corporate governance bodies of legal entities governed by private law; and the period set forth in Bankruptcy Law 22/2003, of July 9, is also interrupted so that the debtor who is insolvent, does not have the duty to request the bankruptcy declaration.
In addition, for the full safeguard of the rights of citizens, it suspends the expiration period of the registry entries until the necessary information for their registration, extension or cancellation can be provided.
Specifically, we can point out the following most relevant measures:
A) In the field of legal entities under private law
1. Adoption of corporate resolutions
Although not provided for in the Company Bylaws, for the duration of the state of emergency, the sessions of the governing and administrative bodies of associations, civil and commercial companies, the governing council of cooperative societies and the trustees of foundations may be held by videoconference, provided that the authenticity and the bilateral or multilateral connection are guaranteed in real time with the image and sound of the attendees.
Agreements may also be adopted by means of a written vote and without a session, whenever the president decides and whenever at least two of the members of the administrative organ request it.
These measures will also be applied to delegated committees and to the other mandatory or voluntary committees constituted.
In any of these cases, the session will be understood to be held at the domicile of the legal entity.
2. Formulation of annual accounts
The period of three months from the end of the fiscal year for the preparation of annual accounts and, where appropriate, the management report, is suspended until the state of state of emergency ends, resuming again for another three months from that date.
If, when the state of emergency was declared, the accounts for the previous year had already been drawn up, the period for the accounting verification of those accounts, if the audit were mandatory, shall be understood to be extended by two months from the end of the state of emergency.
3. Approval of annual accounts
The ordinary general meeting to approve the accounts for the previous year will necessarily meet within the three months following the end of the term to prepare the annual accounts.
If the general meeting call had already been published before the declaration of the state of emergency but the day it was held was after that declaration, the management body may modify the place and time scheduled for holding the meeting or revoke the call agreement.
In case of revocation of the call, the administrative organ must proceed to a new call within the month following the date on which the state of emergency ends.
4. Notarial assistance requirement
The notary who is required to attend a general meeting of partners and draw up the minutes of the meeting may use remote means of communication in real time that adequately guarantee the fulfillment of the notarial function.
5. Partners‘ right of separation
Even when there is legal or statutory cause, partners will not be able to exercise the right of separation until the state of emergency ends.
6. Legal or statutory cause of dissolution
If there is a cause, the legal term for the convening (by appropriate administrative organ) of the general meeting of partners in order to adopt the dissolution agreement of the company or the agreements that are intended to enervate the cause, is suspended until the end of the emergency status.
7. Responsibility of social administrators
If the legal or statutory cause of dissolution had occurred during the validity of the state of emergency, the administrators will not be liable for the social debts contracted in that period.
B) Registry entries
The expiration period of the registry entries is suspended during the validity of the Royal Decree of declaration of the state of emergency and its extensions.
This suspension applies to filing entries, preventive annotations, mentions, marginal notes and any other registry entries that may be canceled due to the passage of time.
The calculation of time limits will resume the day after the end of the emergency state.
C) Request for bankruptcy
1. No obligation to request
While the emergency status is in force, the following debtors do not have the duty to request the declaration of bankruptcy:
a) The debtor who is in a state of insolvency.
b) The debtor who had communicated the beginning of the negotiations of art. 5 bis of the Bankruptcy Law.
Regardless of the filing date, the voluntary contest of Bankruptcy will be accepted with preference once the current suspensions are lifted.
2. No processing of necessary Bankruptcy
Until two months have elapsed from the end of the state of emergency, the Spanish Courts will not admit for processing the necessary bankruptcy requests that have been submitted during that state or that are submitted during those two months.
Bufete Mañá-Krier-Elvira will keep you updated of further measures that could interfere mainly in cross-border situations, corporate and bankruptcy practices.
